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El Presidente estadounidense Barak Obama y el Presidente mexicano, Felipe Calderón, se reunieron en Marzo para negociar una solución a la discrepancia fronteriza que afecta al flujo de transporte comercial entre ambos países. La controversia comenzó cuando ciertas estipulaciones, realizadas entre las industrias de transporte de ambos países en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), no fueron implementadas por los Estados Unidos. Tras un periodo polémico, ambos presidentes decidieron que la solución necesita estar basada en la reciprocidad, la seguridad vial y la eficacia del sistema.
El conflicto comenzó cuando TLCAN garantizó a los camioneros mexicanos acceso a las autovías estadounidenses con restricciones mínimas. Los Estados Unidos creyeron que la flota camionera mexicana no estaba sujeta a las mismas normas de seguridad que los camiones estadounidenses y decidieron imponer restricciones a la circulación de vehículos comerciales mexicanos pasada la frontera. Se puso entonces en marcha una política federal que requería a los transportistas mexicanos descargar su mercancía en almacenes dentro de un radio de 40 kilómetros de la frontera, para luego cargarla en camiones estadounidenses hasta su destino final. México decidió que esto era una violación de TLCAN y, en represalia, impuso impuestos a Estados Unidos sobre cualquier producto que cruzase la frontera, para compensar sus pérdidas.
El 8 de Abril, el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, publicó los detalles de un programa gradual de transporte a larga distancia entre su país y México. La Administración Federal de Seguridad para Transportistas Motorizados (FMCSA, según sus siglas en inglés), se encargó de desarrollar el programa e ideó un plan dando prioridad a la seguridad vial, y satisfaciendo a la vez las obligaciones internacionales impuestas por TLCAN a los Estados Unidos. Esto supuso un paso adelante en el progreso convenido por Obama y Calderón en Marzo.
La meta de este programa es demostrar la habilidad de los transportistas tanto mexicanos como estadounidenses de operar sus vehículos de manera segura en las carreteras de ambos países. Este programa será implementado a lo largo de un periodo de tres años y, eventualmente, permitirá a los camioneros mexicanos llevar su mercancía de Tijuana a Seattle o a los estadounidenses a acarrear sus productos de Chicago a la Ciudad de México, sin descargar y cargar la mercancía a medio camino. Es un programa recíproco y ambos países tienen que cumplir con todas las leyes y reglas vigentes en el otro país, incluyendo medidas de seguridad, normas de inmigración, registro de vehículos e impuestos sobre el combustible.
El retraso en la apertura del pasaje fronterizo entre los Estados Unidos y México cuesta a los consumidores entre 200 y 400 dólares anualmente por los gastos de transporte, según el Centro Nacional de Análisis de Política. El ahorro en costo de transporte para las compañías que llevan sus productos a través de ambas fronteras, será significativo, lo cual se traducirá reducción de precios para el consumidor final. El impacto de estos cambios será obviamente positivo para ambos países.
Compañías como Interlake Mecalux, con empresas a ambos lados de la frontera, recaudarán los efectos positivos por partida doble.